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Esto es jauja

Si, señoras y señores, el lodo se extiende y el chapapote de la indecencia no deja resquicio sin cubrir. Ahora resulta que las Sentencias están para incumplirlas. Así que al juez Margareto le parece fantástico la falta de diligencia, los retrasos de 5 años, y todas las maniobras del Alcalde dirigidas a “dificultar la ejecución de lo mandado” por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el asunto Caja Duero. Es más, no solo le parece fantástico el comportamiento, le parece “lógico” que las maniobras de dilación le cuesten a la ciudad un millón de euros. Total, cualquier deudor o ejecutado puede permitírselo. Y además ahí están los informes técnicos, algunos “sospechosos” pero no importa, y otros como el que más le gusta al juez, realizados por la interina, lógicamente interesada en mantener su puesto de trabajo, y redactados al dictado del ya imputado Luis Álvarez Aller. De modo que un poquito de prescripción del delito, otro poquito de ceguera, otro poquito de palco del Calderón, otro poquito de no te metas en problemas y…. ¡A PASTAR!

Pero para estar al loro de qué es lo que se entiende últimamente por Justicia recordemos cuales son los hechos.

La intervención del Sr. Alcalde en este asunto nace en el tiempo con el otorgamiento de las licencias anuladas, siendo Vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Duero, propietaria del edificio de referencia, y teniendo además interés personal y directo en la adquisición de una vivienda en el citado edificio: la situada en la letra A de la séptima planta de la entrada por Plaza de Zorrilla nº 3, cuya escritura de compraventa, con un crédito hipotecario de Caja Duero, se formaliza 3 días después de otorgar la licencia de ocupación. La intervención del Sr. Alcalde en este asunto persiste en la actualidad como responsable directo y personal de la ejecución de la Sentencia, que continua pendiente a fecha de hoy; y el interés directo se mantiene en cuanto que, si bien ceso en el cargo de Vicepresidente de Caja Duero en el año 2008, es propietario de la citada vivienda, que actualmente ocupa como vivienda habitual – sin licencia de ocupación -

Es importante considerar que la vivienda del Sr. Alcalde está especial y directamente afectada por las obras necesarias para la restauración de la legalidad, infringida con las licencias concedidas, pero también con los tres (3) pretendidos proyectos de legalización, que también son anulados judicialmente, por no ajustarse a los términos de la Sentencia y por constituir infracciones urbanísticas graves y muy graves, provocando la condena en costas al Ayuntamiento “por su temeridad dada su reiterada actuación tendente a eludir el cumplimiento de la sentencia”.

El responsable, en todo caso, de proceder a la ejecución de la sentencia, encarga y aprueba proyectos de legalización que mantienen las infracciones del Proyecto objeto de la licencia anulada. Paradigmáticamente en lo que a su vivienda se refiere, el primer proyecto de legalización, aprobado en julio de 2009, se redacta de oficio, paradójicamente por el mismo arquitecto Municipal que informo favorablemente las licencias anuladas: el Sr. Don Luis Álvarez Aller. No solo no se inicia un procedimiento sancionador contra el técnico que informo favorablemente las licencias anuladas, sino que se le encarga directamente el Proyecto de legalización que deja la casa del Alcalde como estaba. El Alcalde es consciente de que se resuelve al margen (de la ley y de los términos de la sentencia) con resultados materiales injustos de incuestionable realidad, sobre todo para el erario público.

El Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid se sirve de las potestades administrativas puestas en sus manos no para atender el interés general, y para hacerlo del modo previsto en el ordenamiento, sino que supedita su uso al logro de sus particulares fines, olvidando la atención al bien común y vulnerando la prohibición constitucional de ejercicio arbitrario del poder ( Art. 9.3 CE): incumplimiento del deber de abstención, aplicación torcida del derecho, retraso excesivo en adopción de resoluciones de ejecución judicial, desobediencia contumaz a la autoridad judicial, inactividad en el cumplimiento del deber legal de protección de la legalidad urbanística con la iniciación de procedimientos sancionadores e imposición de sanciones a los responsables, y un largo etc. que parece no tener fin. Porque ya que estamos de obras, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se arregla sus goteras, se ejecutan las obras de legalización por quien no debe y sin fianza, y se aprueban modificados por importe superior al permitido por la legislación de contratos. La situación de satisfacción plena culminará con el pago, con nuestro dinero, de las indemnizaciones a los propietarios afectados por las licencias ilegales. El no va más de la perfección vendrá cuando el propio Alcalde reclame a su Ayuntamiento la misma indemnización.

Si, señoras y señores, nos resistíamos a creerlo pero “La tierra de Jauja” que describe Lope de Rueda está en la Plaza Mayor: pagan a los hombres por dormir, fustigan a los hombres y mujeres que insisten en trabajar, los arboles son de tocino y sus hojas de pan fino. Tanta prosperidad queda avalada por el imputado Secretario General.

 

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