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La corrupción de la inteligencia

“Hibris o la borrachera de poder”, el post de Gil Verona, además de demostrar que hay vida inteligente en la bancada popular, aunque no sepamos por cuanto tiempo, es el mejor contexto para entender el desarrollo del trastorno delirante que lleva a nuestro alcalde, en el ecuador de su quinto mandato, a la falta de control sobre los propios impulsos, en el ejercicio de su libertad de expresión, secuestrando la verdad y los conceptos que conducen a ella, avergonzando a propios y extraños, con la inestimable colaboración del periódico que regala una colección de medallitas de la Virgen.

Cuando el señor alcalde enfatiza su legitimidad democrática se está apuntando a la aplicación a sus actos del mecanismo de la representación política: tales actos vendrían a valer como propios del pueblo a quien el administrador municipal representa, y va a ser que no, que técnicamente esto no es así: que no nos representa. Si hubiera tenido a bien en estos últimos 18 años leerse la Constitución Española habría constatado que lo que él llama otro mundo, resulta que es el nuestro. Así le será fácil comprobar que el concepto de representación política se aplica únicamente a las Cortes Generales y a las Asambleas Autonómicas. En el Preámbulo la Constitución habla de “un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad general”; esta solo está representada en la Ley, no en ninguno de los demás actos que emanan de su Ayuntamiento. El art. 66 precisa que “las Cortes Generales representan al pueblo español”, por ello el diputado es representante y el alcalde no. Ni siquiera el Rey representa al pueblo como tal, solo asume una representación institucional, la del Estado. Este mecanismo constitucional esencial sitúa a todos los demás poderes públicos como vinculados a la Ley y como ejecutores de sus mandatos. Es esta situación de ejecutores de la Ley, la que da a los titulares de funciones públicas como la Administración Municipal el carácter de simples agentes de la Ley. No les alcanza, en consecuencia, ningún carácter de representantes del pueblo. Por consiguiente la voluntad de los agentes, la voluntad del alcalde, es una voluntad individual, no superior en calidad a la de cualquier ciudadano que se manifieste con el 15 M, Stop desahucios, la marea verde por la escuela pública, la marea blanca por la sanidad pública o la marea incolora por la independencia del poder judicial. Por muchos que sean los votos con los que haya sido elegido no es su criterio libre, personal y omnímodo el que decide por sí solo. Por el contrario, la Administración que preside tiene la carga de alegar, probar y motivar en cada caso la concurrencia de su servicio objetivo a los intereses generales legitimadores, de acuerdo con la Ley, sin que sea suficiente invocar su posición general de gestor de esos intereses.

Hay que insistir en que argumentar sólo sobre la legitimidad electoral de origen de los administradores municipales para pretender justificar en ellos una presunción general de exactitud y de justicia de sus decisiones, implica olvidar que hay un principio de legitimidad democrática, la legitimidad de ejercicio, que exige a los administradores públicos dar razón de sus actos, justificarse ante los ciudadanos, demostrar que sus actos son objetivos y razonables y no arbitrarios y caprichosos. No basta una respuesta cualquiera, como nos encontramos con tanta frecuencia, para hacer aparecer el poder sobre los demás como un poder legitimo. Se necesita siempre una respuesta razonable, sostenible, susceptible de resistir la comparación con otras respuestas también posibles. Lo exige la Ley, que es la única expresión de la voluntad general. Y esto y solo esto es lo que vienen diciéndole los Tribunales al alcalde anulando el diseño arbitrario de la ciudad, y contribuyendo con sus sentencias a que se administre mejor delimitando los umbrales de una democracia local decente.

Como señalan unánimemente los politólogos “el parecer de la mayoría no es parámetro de verdad ni de moralidad”. Asunto clave para la democracia municipal es que los ciudadanos puedan formarse un juicio informado y estar así en condiciones de decidir de modo razonable. Pero dadas las pocas facilidades municipales para la información, y dada la marea de manipulación que contamina el espacio de la comunicación política, la formación de las preferencias ciudadanas se produce bajo condiciones en muchos casos no decentes y vuelve comprensible el hecho de que responsables políticos acusados, investigados o condenados por corrupción sigan contando con el apoyo popular en periodos sucesivos. Esto debe ser lo que tiene el agua para que la bendigan: opacidad y desinformación.

La corrupción no es otra cosa que la alteración de las reglas establecidas. Hay muchas clases de corrupción y las motivaciones de quienes caen en la corrupción a menudo van más allá de lo económico. Y lo económico no solo es meter la mano en la caja pública. Entre las instrucciones que Dios dio a Moisés estaba la de “no aceptar regalos, porque el regalo ciega a los que ven y pervierte las causas justas”. Ya Maquiavelo advertía que la corrupción (el mal político por excelencia) también se construye sobre ausencias, vacíos y oquedades. La desviación de poder es una categoría de corrupción. Quien utiliza el poder para intimidar es corrupto. Quien utiliza el poder para beneficiar o favorecer algunos intereses es corrupto. La ginecología tal vez le hubiera dado más dinero, pero no el poder, o mejor, el mal uso del poder que le ha dado el sillón de la Alcaldía, generando injusticia y desigualdad entre los ciudadanos. Porque realmente aquí los castigados, y de qué manera, son los que no piensan como el ginecólogo o reclaman el derecho a saber.

Tiene la conciencia tranquila. Nunca la ha utilizado. Y al parecer tiene en la justicia penal toda la fe que no tiene en la justicia contencioso administrativa ¿Por qué? Que cada uno haga la reflexión sobre este tema, sin olvidar que la corrupción también anida con frecuencia en la judicatura y que la prescripción de los delitos no convierte en moral lo inmoral. Por ello, resulta indispensable un poder judicial fuerte, independiente e inamovible, capaz de investigar y castigar la corrupción por encima de cualquier otra circunstancia, siempre desde la legalidad, pero sin la mediatización de quienes pretenden ejercer un control político sobre él, desde dentro o desde afuera. Luego está la propia responsabilidad política como jefe de la administración que dirige, esa que según el mismo dice permite que haya “cientos” de edificios irregulares en la ciudad o una asesoría jurídica municipal bajo sospecha penal, o un Plan General donde dice que no ha tenido nada que ver. Va a resultar que ser alcalde de esta ciudad es un chollo, no conlleva responsabilidad alguna. En fin, queda siempre el riesgo de que algún día se verifique, paradójicamente, lo que decía Bertolt Brecht, es decir, que el jefe del Ayuntamiento se despierte un día y dicte un decreto de este tenor: “El pueblo nos ha defraudado. Si no cumple con su deber, el Gobierno lo disolverá y elegirá a otro”.

Seguramente no deberíamos olvidar que el mayor peligro de un gobierno corrupto es un pueblo culto.

 

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