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José Antonio García de Coca
José Antonio García de Coca a la salida de la sala de vistas donde realizó su declaración. Foto: C.Arranz.

García de Coca quiere que el muerto se coma el muerto

Culpa de las alteraciones del PGOU a Carlos Cándido Fraile, arquitecto municipal fallecido hace años / El ex concejal de Urbanismo asegura ante el juez que él “no leía los informes” / Siguiente paso: el auto
M.A.R.
Valladolid

“La declaración de ayer ha sido una reiteración de la que hizo en su día el señor García de Coca: sólo hay un responsable de lo que ha sucedido y es la persona que ha fallecido, que fue el que dictó todo, el que controló todo y nadie más sabía ni tuvo conocimiento de saber cuáles eran las actuaciones que llevó a cabo”. Con lo cual, según relató el abogado de la acusación popular, Carlos Castro, el ex concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, que ya ha declarado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valladolid, se limitó a echar la culpa ‘al muerto’ de las decenas de alteraciones del Plan General de Ordenación Urbana.

José Antonio García de CocaY esa persona fallecida es Carlos Cándido Fraile Casares, arquitecto municipal que falleció hace más de seis años. García de Coca, sin embargo, ha asegurado, informó Jesús Verdugo, letrado de dos técnicos municipales imputados, que “él no leía los informes. Dice que las juntas de Gobierno duran 20 minutos y que se ven 80 asuntos, con lo cual, con leer el epígrafe es más que suficiente”.

Para Jesús Verdugo, la declaración del ex edil ha sido “más clarificadora” que la que anteriormente realizó Luis Álvarez Aller, técnico municipal imputado por actuar presuntamente de manera activa en las alteraciones del PGOU. No obstante, para Carlos Castro no ha aportado ninguna novedad a la investigación.

En esta ocasión, el Ministerio fiscal ha incidido en un hecho que sucedió en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid poco antes de que el PGOU alterado entrara en vigor: mientras el grupo municipal socialista pedía una nueva revisión y aprobación, el secretario del Consistorio aseguró que como las modificaciones respondían a la Orden de la Consejería, bastaba con una “dación de cuentas sin necesidad de que se conozca en qué consiste”, informó Verdugo.

No obstante, según parece, la investigación echa el cierre. A partir de ahora, el material recogido entre documentación y declaraciones permitirá al juez José María Crespo decidir si procede un acto de imputación, el sobreseimiento o el archivo de la causa.

Para ambos letrados, aunque sin citar a nadie, hay motivos para la imputación. Según Verdugo, esta podría llegar de la mano de la “negligencia” cometida por varias de las personas imputadas que a lo largo de este tiempo han prestado declaración. “17 personas han ido interviniendo en los procesos y ninguna se ha dado cuenta de las cosas. Si nadie se ha dado cuenta y existen estas modificaciones, que son unas graves alteraciones de determinadas situaciones que favorecen a unos terceros, al menos desde el punto de vista de la negligencia sí podría entenderse que podría ir el auto de imputación”, ha argumentado el letrado.

Carlos Castro, por su parte, aseguró que “hay material para que haya un auto de imputación sin lugar a dudas”, pero no lo hay “para que estén imputados todos los que han acudido” a declarar. “Llevaron alguna actuación no muy conexa”. Pero “hay personas que efectivamente son las responsables de todo ese conjunto de actuaciones que produjo esta discrepancia, manipulación, alteración, como se quiera llamar, entre lo que aprobó el Pleno y lo publicado”, sentencia. Si el auto no es de imputación, ha anunciado Castro, su actuación no acabaría en él: la acusación popular presentaría un recurso.

ALLER: NADA NUEVO

Echar la culpa al fallecido puede haber sido la mayor novedad de la declaración de José Antonio García de Coca, pero en el caso de Luis Álvarez Aller, que declaró el día anterior, no hubo, según Carlos Castro, “nada nuevo”.

Luis Álvarez Aller (derecha), a la salida de la sala de vistasEl técnico municipal, huidizo en un principio con las cámaras, tardó apenas media hora en explicar las preguntas formuladas en la sala de vistas. No quiso contestar a las preguntas de la acusación popular, aunque sí a las de la Fiscalía. Según Carlos Castro, se le realizaron preguntas “sobre expedientes concretos”, pero “nada que tuviera oportunidad de reconocer o no reconocer y que no estuviera en un expediente”.

En concreto, le preguntaron por los informes de las parcelas de la Avenida de Madrid (que, con las alteraciones del PGOU, se daba carta blanca a construir 124 viviendas cuando las permitidas eran únicamente 9), el del aparcamiento de Cártias (el Ayuntamiento perdió una cesión de suelo por valor de 700.000 euros debido al cambio del tipo de suelo), el expediente sobre la demolición del edificio de Monedero en la bajada de la Libertad (la alteración consistió en evitar la consulta con la Junta antes de derribar un edificio con valor histórico o arquitectónico) y el de Arca Real, donde, junto a la habilitación de suelo para poder construir una residencia de ancianos, un hospital o un edificio relacionado, se daba la opción, con la manipulación del PGOU, de construir apartamentos tutelados.

Y, como era de esperar, “no ha asumido la responsabilidad”, indicó Castro. “No ha negado los informes que él ha hecho y ha justificado por qué dijo lo que dijo en aquellos informes”, añadió.

INCOMPATIBILIDADES

El técnico del Ayuntamiento de Valladolid mantenía o había mantenido algunas relaciones laborales con algunas compañías, a las que prestaba servicios como arquitecto. Según una información publicada en el diario El Mundo de Valladolid, Aller tenía la compatibilidad de, además, trabajar para el Consistorio, pero, según marca la Ley, no puede participar en aquellos asuntos en los que intervengan las empresas para las que, por vía privada, trabaja. Y si se ha roto esa relación laboral, debe esperar, al menos, dos años.

Sin embargo, Álvarez Aller, según ese diario, emitió informes y redactó documentación para otorgar licencias a empresas con las que había mantenido o mantenía en ese momento alguna prestación de servicios laborales, como Vivival, Parkosa, Capitol Promociones, Capitol los Valles o Vallenava Capitol.

A través de los informes emitidos por Álvarez Aller durante su actividad como técnico municipal, se fue preparando el terreno con una tala de árboles ilegal en El Pinar de Antequera para levantar unos apartamentos tutelados por parte de Parkosa o facilitó su firma en un estudio para multiplicar las viviendas –la empresa beneficiara era Vallenava Capitol- en la famosa parcela de la Avenida de Madrid, entre otros casos.

GARCÍA DE COCA: VENI, VIDI, ¿VICI?

Con el ‘Caso PGOU’ se oficializaron las sospechas. Pero sobre las decisiones administrativas de José Antonio García de Coca, concejal de Urbanismo en el equipo de Gobierno de Javier León de la Riva entre 2003 y 2007, ha planeado en los últimos años una sombra de segundas intenciones. Oposición socialista y otras organizaciones han denunciado públicamente ciertas acciones y, algunas de ellas, se han llegado a vincular con empresas presuntamente inmersas en el entramado de un famosísimo caso de corrupción.

COLECTORES, GÜRTEL Y NUEVOS INFORMES

In extremis, con el partido casi finalizado para García de Coca –fue en junio de 2007-, las obras del colector de Carrascal fueron adjudicadas a la UTE-SEDESA-MONTOYA, unión en la que se encuentra SEDESA, vinculada con la trama Gürtel. No obstante, esto no llamaría tanto la atención si, tal y como denunciaron los socialistas en 2010, esta unión temporal de empresas no estaba primera en la ‘clasificación’ de aspirantes.

Los casi 3,5 millones de euros que ofertó la unión chocaban con la cantidad base de licitación de la subasta: 6,2 millones. Si en un primer momento un informe técnico municipal rechazó esa oferta ante el riesgo de reducción de, entre otras, las partidas para seguridad, en tres días quedó solucionado el asunto. Según relató, hace casi tres años, Óscar Puente, presidente del grupo municipal socialista, García de Coca emitió un informe favorable justo el mismo día en el que tuvo lugar la mesa de contratación, por lo que esa oferta, de casi la mitad, asumía todos los gastos de la obra. Es más: un día antes de que León de la Riva y su nuevo equipo tomasen posesión, la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación.

Por cierto que, la obra, posteriormente, se fue encareciendo.

Del colector de Carrascal al colector de la margen izquierda del río Pisuerga. Una historia similar pero un mes antes. En esta ocasión, con un famoso por medio: José Luis Ulibarri, constructor, copropietario de Radio Televisión Castilla y León, amigo de León de la Riva e imputado en la trama Gürtel.

El grupo que preside Ulibarri era el segundo colocado para que obtuviera la adjudicación de la obra. Es decir, los técnicos municipales no habían escogido en su informe del 25 de enero de 2007 al grupo del empresario leonés, pero, una vez más, aparece un nuevo documento que echaba por tierra las argumentaciones técnicas del personal del Ayuntamiento de Valladolid.

Según desveló el diario Público en 2009, José Antonio García de Coca pidió la elaboración de otro informe a un también protagonista del ‘Caso PGOU’: el arquitecto Luis Álvarez Aller, quien lo asumió en solitario. Así, Begar, asociada con Corsán-Coviram, se hizo con el ‘liderato’ y pudo iniciar la obra licitada en 11,5 millones de euros, ya que la Junta de Gobierno la aprobó  el 18 de mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones municipales.

De nuevo, aunque el criterio del precio –Begar era la más barata- parecía importarles a García de Coca y a Álvarez Aller, la obra también se encareció.

Y dale la burra al trigo. Ahora, con los accesos al nuevo Hospital Río Hortega. En este caso, quien tenía más puntos era Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quien se colocó primera con una diferencia de tres puntos. No obstante como denunció también el PSOE en 2009, otro informe le dio la victoria ‘por la mínima’ a Ferrovial: 37 centésimas de diferencia.

Estas obras, con base de licitación de 4,3 millones de euros, iban a ser ‘propiedad’ de FCC a juicio de los técnicos que conforman la mesa de contratación del Ayuntamiento de Valladolid, pero, al parecer, según relató Puente, otra vez García de Coca pidió un nuevo informe y otra vez lo hizo a Luis Álvarez Aller.

METROS LIBRES

Allí estaba José Antonio García de Coca, en el sillón más alto de la Concejalía de Urbanismo, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó la modificación del Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI) de los cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, donde el acuerdo plenario contemplaba construir 870 viviendas y dedicar 21 edificios catalogados para el mismo fin. No estaba ya García de Coca cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, atendiendo a una denuncia de la Federación de Asociaciones Vecinales, anuló la modificación. Este colectivo denunció la existencia de 10.000 metros más de edificabilidad de los permitidos. En total, se aprobaron 84.005 metros, mientras que el 80% legal equivalía a 74.072.

El Ayuntamiento quería deshacerse, como sucedió en el caso de Cáritas reflejado en las alteraciones del PGOU, de una cantidad de suelo que le pertenecía, y colocarlo como espacio para levantar viviendas. Si al Consistorio le pertenece un 10%, el porcentaje de dominio público era inferior. Pero lo mismo sucedió con las viviendas de protección oficial (VPO): en el acuerdo del pleno se establecieron 7.709 metros, mientras que el 10% legal hubieran sido 9.171. Y, parecido, ocurrió con las plazas de aparcamiento: de 933 legales se pasaron a 833.

DISPARAR PRIMERO, PREGUNTAR DESPUÉS

Uno de los casos más llamativos de las alteraciones del PGOU fue la demolición del edificio de Monedero, en la Bajada de la Libertad. García de Coca otorgó la licencia de demolición porque la norma alterada le permitía hacerlo sin preguntar a la Junta en casos de edificios con cierto valor histórico. Ese edificio, como pueden comprobar, no existe.

Bien. La Asociación Cultural Ciudad Sostenible, presidida por Susana Ordóñez, preguntó hace casi cinco años –en 2008- al Servicio Territorial de Cultura en Valladolid de la Junta de Castilla y León por una demolición que se llevó a cabo en 2006 en la calle Guadamacileros nº2, un edificio encuadrado en el Conjunto Histórico de calle Platerías, Plaza del Ochavo e Iglesia de la Vera-Cruz, que estaba adosado a un monumento protegido, como es el Muro del Evangelio de dicho templo.

“Visto el expediente puede constatarse que en el mismo no consta informe o autorización alguna de ese Servicio o de la Comisión Territorial de Patrimonio, ni que tampoco hayan sido requerido para ello”. Palabras textuales de la carta de Susana Ordóñez.

No se tuvo en cuenta el valor histórico y el riesgo que podía correr del Muro del Evangelio y, además, según ACCS, no se pidió autorización a la Junta. ¿Quién estaba al frente de la Concejalía de Urbanismo en 2006?

Fuera o dentro de las alteraciones del PGOU, nombre y apellidos del ex concejal de Urbanismo han estado ligados a la polémica y, además, con una base argumental que, según denuncias, imputaciones y autos, parece sólida. García de Coca llegó y vio. ¿Vencerá?

 

 
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