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Edificio de la ADE, conocido como La Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda.
Edificio de la ADE, conocido como La Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda.

Empresarios procesados y con deudas millonarias con la Junta, tras el escándalo de ‘la Perla Negra’

“El hundimiento impune de una empresa pública” es el título de la carta de un ex delegado de Gesturcal que ha propiciado la investigación por cohecho, prevaricación y malversación en la que ya están imputados 26 cargos de la Junta y empresarios
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Valladolid

El pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’ que está siendo investigado por el Juez de Instrucción número 2 de Valladolid y en el que ya están llamados a declarar en calidad de imputados 26 cargos de la Junta de Castilla y León y distintos empresarios, inmersos a su vez en otros procedimientos judiciales o con deudas millonarias con la administración regional, va camino de convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción acontecidos en la historia reciente de la Comunidad.

El origen de esta macrocausa judicial, en la que se investiga, además de los sobrecostes asociados a la adquisición de este edificio, la compra de terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo que fueron posteriormente revendidos a la Junta disparando su precio (cohecho, prevaricación y malversación), tiene su origen en un escrito del ex delegado de la empresa pública Gesturcal en Burgos, León, Palencia y Zamora, Jesús Carlón Ordóñez (ya jubilado), en el que se apunta como principal responsable de lo sucedido a la viceconsejera de la Consejería de Economía, Begoña Hernández que, por el momento, no ha sido llamada a declarar.

La viceconsejera de la Consejería de Economía, Begoña Hernández junto al titular de la consejería Tomás Villanueva

Bajo el título de “el hundimiento impune de una empresa pública”, Carlón detalla la truculenta fusión de Gesturcal con la empresa Parques Tecnológicos de Castilla y León y lo que pasó a partir de ese momento: “Con la nueva sociedad comenzaron las compras de terreno a precios disparatados como el Polígono del Canal de Castilla, donde se utilizaron sociedades intermediarias sospechosas, que posteriormente incumplieron los pactos con los agricultores, dando lugar a situaciones de orden público en el seno de la empresa, debiéndose contratar a servicios de seguridad para proteger a los trabajadores. Posteriormente y en plena crisis económica, cuando la empresa no vendía nada, se han comprado terrenos rústicos en Portillo (Valladolid) por un importe de 30 millones de euros pagándose a más de 20 euros el metro cuadrado cuando hay polígonos de Gesturcal en los que se venden a ese precio parcelas ya urbanizadas”.

Carlón apunta que “ni en la compra de los terrenos del Canal de Castilla ni en Portillo ha intervenido el personal de la empresa” (Gesturcal, que tenía competencias para ello), sino que “todo lo ha gestionado el Consejo de Administración a través de empresas y personas interpuestas”. “Los rumores de corrupción en estas dos operaciones han sido continuos desde entonces, tanto en el seno de la empresa como fuera”, indica el ex funcionario que continúa su relato apuntando que “la disposición de la empresa (pública) a capricho de sus dirigente, saltándose a la torera los objetivos sociales de la misma, ha sido la norma habitual” como lo demuestra la compra de ‘la Perla Negra’.

“La sociedad adquirió por decisión exclusiva de su Consejo de Administración el famoso edificio paramero (…) en lo que supuso el mayor pelotazo dado en esta región en democracia. Un edificio que en proyecto estaba valorado en 24 millones de euros fue adquirido por la empresa pública en 60 millones y menos mal que lo compró, porque el compromiso inicial, firmado en contrato, era un arrendamiento obligatorio por 70 millones en un plazo de 15 años. La salida a la luz del contrato en prensa evitó la consumación del disparate”, relató Carlón en la carta que ha dado pie a la investigación judicial a instancias de la Fiscalía de Valladolid y que ya se ha traducido en una cascada de imputaciones que están encabezadas por el ex viceconsejero de Economía y Hacienda, Rafael Delgado. Forman parte del listado los integrantes del consejo de administración que autorizaron la compra Andrés Álvarez Viñuela, Benedicto González Vereda, Salvador Molina Marín, José Rodríguez San-Pastor, Juan Carlos Sacristán Gómez, Abdón Dueñas Hernández, Efrén Martínez Izquierdo, Pilar Manteca Barrio, Pablo Trillo Figueroa (actual delegado territorial de la Junta en Valladolid), los directores generales José Manuel Jiménez (Calidad y Sostenibilidad), Carlos Martín Tobalina (Innovación Tecnológica) y José Armando Baeta Canales (Presupuestos y Estadística).

Completan el listado Javier Rodríguez Segovia, Domingo Eras, Francisco Javier de Andrés Guijarro, Jesús Jiménez Miguel, Salvador Molina Marín y Francisco  Armero, además de los socios de Urban Proyecta PM3 Ángel Román Montes, Fernando Miguel Beltrán, Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraldo (por el caso del edificio de Arroyo) y socios de Cementos La Bureba como Luis Ángel Rodríguez Herrero y Francisco Esgueva Gutiérrez.

Precisamente el hermano de este último, Alberto Esgueva Gutiérrez, también llamado a declarar, es el nexo de unión entre la administración y las empresas beneficiadas, dado que fue ex directivo de ADE (ex director de la división de creación de empresas e internacionalización) y tiene vínculos familiares y societarios con algunos de los empresarios imputados.

Empresas en la cuerda floja

Según la documentación oficial en poder de últimoCero, una de las empresas de los hermanos Esgueva, Industrias San Cayetano, que el próximo 12 de junio celebrará junta de acreedores dentro del proceso concursal en el que se haya inmersa, mantenía, a finales del año pasado, una deuda millonaria con la Junta de Castilla y León al no haber devuelto las subvenciones que en condiciones “muy ventajosas” le habían sido concedidas, según fuentes conocedoras del procedimiento habitual.

Fachada de Inndustrias San Cayetano, en Aldeamayor de San Martín.

La deuda total que la Junta reclama a San Cayetano, propiedad de los hermanos Esgueva, alcanza los 5.852.175,35 euros.

No es esta la única circunstancia llamativa que rodea esta macro investigación judicial. Según adelantó el pasado mes de julio Europa Press, el empresario Luis María García Clérigo, administrador de distintas sociedades, entre ellas de Parqueolid Promociones S.A, ha sido procesado en tres causas judiciales distintas que han sido instruidas en otros tantos juzgados de Valladolid y que podrían llevarle a prisión por espacio de nueve años por, supuestamente, concertarse en 2006 con otros tres empresarios, también imputados, para cometer fraude a Hacienda. Lo defraudado por el citado industrial alcanzaría los casi 900.000 euros.

Los procedimientos se han seguido en los Juzgados de Instrucción números 3, 2 y 6 y al término de las pesquisas la Fiscalía de Valladolid ha solicitado la apertura de tres juicios distintos, según se hace constar en las calificaciones en poder de últimoCero. El denominador común de todos ellos, siempre según la tesis de la acusación pública, sería el mismo: la intención de Luis María García Clérigo de defraudar al fisco a través de tres sociedades donde ocupa el cargo de administrador, como la citada Parqueolid, Urban Proyecta PM3 S.L. y Hotel San Pablo Valladolid S.L, y siempre con la supuesta colaboración del empresario José Manuel Castro Piedrafita, administrador de Soincom Ingenería S.L, imputado igualmente en las tres causas y que sería el encargado de girar al anterior facturas de elevados importes por servicios nunca prestados y con el único propósito de repercutirlos en la declaración del Impuesto de Sociedades a los efectos de la desgravación correspondiente.

Por todo ello, Fiscalía interesa para García Clérigo y Castro Piedrafita el conjunto de penas más elevadas, nueve años de prisión a cada uno—a razón de tres por causa—, multas por importe de 2.200.000 euros y el abono a Hacienda, de forma conjunta y solidaria, de un total de 897.820 euros, el primero de ellos por delito contra la Hacienda Pública y cooperador de un delito de falsedad documental y el segundo de los imputados como cooperante de la primera acción delictiva y por la autoría de la segunda.

Los despidos en la ADE, casi un millón

El exdelegado de Gesturcal Jesús Carlón que con su carta-denuncia ha dado pie a toda esta investigación judicial sitúa como origen de todo este caso de presunta corrupción el ERE en ADE Parques que supuso “el despido discriminatorio del 57% de la plantilla”. Todo funcionó correctamente hasta que el “nepotismo” imperó a sus anchas en la Consejería, denuncia veladamente el ex funcionario.

Los despidos en la antigua ADE, reconvertida en Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, según la documentación oficial que maneja últimoCero, han supuesto un desembolso total de 957.787,13 euros a la Junta, según reconoce el propio consejero de Economía Tomás Villanueva en una respuesta parlamentaria fechada el pasado 9 de marzo.

En esa respuesta se señala que en 10 casos los despidos producidos se han declarado nulos y que el coste total de los salarios de tramitación asciende a 198.325,63 euros. A esta cantidad hay que sumar otros 682.961,68 euros correspondientes a las 27 indemnizaciones recibidas por otros tantos trabajadores cuyo despido fue declarado improcedente.

El suma y sigue se engorda con otros 27.189 euros que la Junta ha tenido que pagar al haber sido condenada en costas judiciales en 24 procesos.

A todo ello hay que añadir el coste de las colaboraciones externas de abogados correspondientes a ADE Internacional Excal y ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, por un importe global que asciende a 78.446,23 euros.

Gastos menores asociados a los intereses, depósitos y tasas judiciales que ascienden a 24.864,59 completan el gasto de casi un millón de euros que la Junta ha realizado en los despidos de la ADE.

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