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Luis Alberto Samaniego (a la izquierda) y su abogado, en los juzgados. Foto: Laura Fraile
Luis Alberto Samaniego (a la izquierda) y su abogado, en los juzgados. Foto: Laura Fraile

Los contratos menores, un problema mayor para el PP de Valladolid

El último informe de la intervención municipal que publica íntegramente últimoCero confirma la existencia y modus operandi de la trama empresarial Samaniego que actuó durante una década en el Ayuntamiento sin que el alcalde Javier León lo denunciara
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Valladolid

Cuando el 6 de junio de 2014 últimoCero publicó en exclusiva la apertura de un expediente disciplinario al Jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, muy pocos se imaginaban que tras él se escondía una gigantesca bola de corrupción que ha crecido durante una década a pocos metros del despacho de alcaldía sin que nadie la denunciara. Una verdadera trama empresarial familiar dirigida nada menos que por el Jefe de Mantenimiento Municipal que demuestra que el control de la gestión del día a día de las obras municipales ha brillado por su ausencia. Un caso, ya en plena fase de instrucción judicial, que pone de manifiesto que las obras menores en el Ayuntamiento de Valladolid son un problema mayor para el PP de Valladolid y su alcalde a la cabeza, Javier León de la Riva. Un supuesto gran gestor que en este caso, como en el de la manipulación del PGOU, la expropiación de la finca Zambrana, las fachadas de Labradores o los áticos del edificio de la Plaza de Zorrilla donde él mismo reside… no se enteraba de nada.

Samaniego, funcionario desde 1975 ha ocupado el puesto de Jefe de Mantenimiento desde el año 2000 hasta que el equipo de Gobierno del PP aceptó su “jubilación voluntaria anticipada con efectos de 16 junio de 2014”. Unos días antes le había abierto un expediente disciplinario por la comisión de varias faltas muy graves y a la vista de lo que se le avecinaba, solicitó jubilarse.

En total, ha ocupado “de forma provisional” su puesto durante 14 años. El nombramiento de Samaniego como Jefe del Servicio de Mantenimiento, se produjo en el año 2000, con carácter “provisional”, cuando ocupaba la dirección del Área de Recursos Humanos el propio secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, uno de los altos cargos municipales que ha estado imputado hasta última hora en el denominado “Caso PGOU”.

Durante todo este tiempo, se han contabilizado por cientos las adjudicaciones de obras menores a empresas de su entorno, bien administradas por él (Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L.), por su hijo (Construcciones Tarifa 2000 S.L.; Construcciones Paraíso 2008 S.L.; Construcciones y Reformas Bullón S.L.; Construcciones y Contratas Pintia SLU; Obras y Reformas Aliva S.L.) o por su primo, ex presidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (AVECO), A. B. Samaniego (Excelgestión S.L.; Camino de Molendor S.L.; Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles, Construcciones y Reformas Acuña SLU; Obras Valcom 2000 SLU),  “hombre clave” del entramado empresarial que, sólo en contratos menores y desde el año 2000, ha firmado con el Consistorio, más de 1.300 contratos por un importe de 11,2 millones de euros.

Gráficos extraídos del informe sobre empresas y cantidades facturadas durante los años 2013 y 2014.

Ninguno de los protagonistas de la trama se encuentra en prisión, pese a haberlo solicitado la fiscalía y la acusación que ejerce el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente.

La inmensa mayoría de empleados municipales que ya han pasado por el juzgado a declarar, confirman la existencia de esta trama, que todos ellos asumían con naturalidad. Algunos de ellos, incluso, han sido apuntados como destructores de pruebas en un informe policial que también forma parte de la causa abierta.

Pese a que el entramado era vox populi entre los trabajadores municipales, el pasado 18 de junio, el alcalde, de vuelta de sus vacaciones en Noruega, habló por primera vez ante los medios de este caso que, según confesó le había “sorprendido” a él “y a todo el equipo de Gobierno”, pese a que muchos de sus concejales eran los que encargaban y aprobaban las obras.

En su intervención confesó sentirse “engañado y defraudado” por un funcionario que gozaba de “buen cartel”.

Un “buen cartel” que ahora un informe emitido por la propia Intervención municipal aportado a la causa trasforma en caricatura de lo que durante una década ha sido la gestión de las obras menores en el Ayuntamiento de Valladolid.

El informe, fechado el 23 de enero y firmado por tres arquitectos municipales, resulta demoledor.  Sobre todo, porque pone de manifiesto la existencia de un monopolio empresarial que ha impedido la libre competencia entre las empresas del sector que pudieran haber competido por la adjudicaciones municipales durante años. Una curiosa forma de promover el mantenimiento y creación de empleo entre las pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

“Si bien no es posible hacer una extrapolación directa de una baja concreta obtenida para contratos de obras de similares características, no es menos cierto que, en un mercado de libre competencia, la contratación de los trabajos realizados hubiera presentado precios más competitivos que por lo que fueron adjudicados. De facto, se puede concluir que, la hipotética colusión del conjunto de empresas analizadas, deriva en una estructura de mercado de práctica monopolística, que impide la obtención de mejores precios”, se indica textualmente en un informe en el que los arquitectos municipales que lo suscriben también consideran necesario mencionar que “la calidad de los trabajos realizados ha podido verse afectada por esta situación de dominio monopolístico, toda vez, que la ausencia de una competencia real ha descuidado, en algunos casos, la ejecución de los trabajos conforme a las normas de buena práctica constructiva”.

Los técnicos también reseñan que “las actuaciones realizadas en edificios catalogados o protegidos (como en los colegios Isabel la Católica, Gonzalo de Córdoba y García Quintana o el Archivo Municipal) realizadas por empresas que no justifican la clasificación de contratista necesaria para estas intervenciones”.

“Muchas de las obras de los contratos menores analizadas responden a trabajos muy concretos y donde, desde un punto de vista funcional, no existe la necesidad de recurrir a una estructura de empresa generalista al uso que requiera la coordinación entre diversos trabajos, siendo posible y más eficaz la contratación directa con empresas especialistas del sector, reduciendo la cadena de subcontrataciones (sirva de ejemplo los trabajos de vallados, limpiezas de parcelas o viviendas, trabajos específicos de telecomunicaciones, etc). En este sentido recurrir a una empresa contratista no especializada para la realización de determinados trabajos, haciendo necesaria la subcontratación, no parece una buena práctica e implica un hipotético incremento de, al menos un 19% en el coste a repercutir sobre las arcas municipales. Recordar, no obstante que, en general, la LCSP permite al contratista una subcontratación de hasta el 60% del importe, salvo que el contrato o los pliegos dispongan otra cosa, permitiendo al órgano de contratación imponer la subcontratación al contratista hasta en un 30% del presupuesto”, se indica.

“Dentro del conjunto de facturas clasificadas como excesivas destaca el alto número de ellas que se corresponden con las actuaciones en parcelas, debido a que los documentos registrales de esta tipología, en líneas generales, presentan grandes diferencias entre la realidad observada y lo facturado. Estas diferencias se traducen en importantes desviaciones económicas motivadas por: aplicación de precios fuera de mercado, graves errores de medición y que en algunas ocasiones las tareas han podido ser llevadas a cabo por trabajadores y medios municipales”, se apunta.

Información sobre facturas consideradas "muy altas" o "excesivas" de 2013 al 2014 incluida en el informe.

Pero aún hay más: “Se advierten casos donde las fechas de facturación no coinciden con la finalización de la efectiva ejecución de las obras, procediéndose a facturar con anterioridad a la fecha de inicio de las mismas. Circunstancia que se ha constatado a partir de la documentación gráfica disponible del estado previo, del testimonio de los responsables de los edificios objeto de las actuaciones y de los trabajadores del centro de mantenimiento.”

En este apartado, como se refleja en las fichas, destaca el caso de la sustitución de la cubierta del propio edificio del Centro Municipal de Mantenimiento en la calle Sementera o la sustitución de luminarias de emergencia en el edificio de la plaza Santa Ana, realizadas en ambos casos meses después de haber sido facturadas. Existe, así mismo, algún caso puntual, en el que no se ha evidenciado la ejecución de ningún trabajo, como por ejemplo ocurre con los registros correspondientes a la Marquesina de la Plaza de la Solidaridad  o la reposición de valla robada en las naves del “Soto de Medinilla”.

La conclusión a la que llegan los redactores del informe no hace más que confirmar las sospechas: “Teniendo en cuenta las facturas evaluadas en el presente informe, y cuyo importe total asciende a 946.650,93€, se puede determinar que existe un sobrecoste de facturación con respecto a los precios determinados en el estudio comprendido entre 262.881,85 € y 324.899,31 € que se corresponde porcentualmente a una horquilla situada entre el 27,77% y el 34,32%”.

Un monopolio empresarial que se ha beneficiado durante años del dinero público y que todos los trabajadores de la casa conocían a la perfección… menos el alcalde. El mismo al que se ha colgado una injustificable etiqueta de “buen gestor” y que, para colmo, se sentará en el banquillo de los acusados a menos de un mes de las elecciones por desobedecer las resoluciones de los tribunales. Pese a ello, Javier León, partidario de limitar mandatos, aspirará a su sexto consecutivo gracias al respaldo del PP.

Pase lo que pase en ese juicio (una condena apartaría de forma inmediata al actual alcalde de la carrera electoral), los contratos menores en el Ayuntamiento de Valladolid, seguirán siendo un problema mayor para el PP, que también se verá salpicado a lo largo de la próxima legislatura por el caso PGOU en el que, entre otros, está procesado el ex concejal de Urbanismo García de Coca.

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